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El acuerdo vendepatria

[Columna de Opinión]
POR: Hugo Guerra

Si en el Perú tuviésemos normas estrictas, quienes autorizaron y quienes negociaron el acuerdo vendepatria con Odebrecht ya deberían estar eventualmente fusilados por traidores.

Son demasiadas las mentiras detectadas en la negociación más entreguista de la historia después del Acuerdo Lavalle de 1883.

Primero, hoy los caviares, el Gobierno y la prensa vendida se rasgan las vestiduras por la “filtración” del documento de marras. Pero se olvidan cínicamente que el fiscal Pérez el 8 de diciembre entregó el acta a IDL-Reporteros y no reclamó “filtración”. Como dice Rospigliosi, “la Fiscalía es y ha sido una coladera para atacar a un sector político y no a otro”.

Segundo, el acuerdo se gestionó al margen de la Ley 30737. Si se hubiese empleado la fórmula prevista en su reglamento, DS 096-2018-EF, el cálculo de las reparaciones no hubiera cuatro obras entran en acuerdo porque Odebrecht en las otras no reconoce coimas, lo que es un escándalo ya que Barata aceptó, por ejemplo, la entrega de 3 millones de dólares a Villarán. ¿Por qué Rutas de Lima no entró en acuerdo? Tampoco se incluyeron todas las obras que involucran directamente en corrupción a Toledo, PPK, Humala y Nadine.

Cuarto, los cálculos de la reparación entreguistas. Sobre la base de US$ 12 mil millones de sobrecostos detectados, Odebrecht debería pagar por lo menos 3,468 millones de soles y no los 610 millones. ¡Encima en 30 años, siempre y cuando se le permita vender activos y siga contratando con el Estado! Conste que la brasileña es una empresa virtualmente quebrada: sus bonos se cotizan al 25 %.

Quinto, no hay garantías. Odebrecht tiene juicios contra el Perú por US$ 4,000 millones. Y se le acepta un miserable pago de 180 millones de dólares, a 15 años, en soles, sin intereses. Una vergüenza.

Sexto, no hay medidas correctivas. El club de la construcción está de vuelta. Siete empresas que nos robaron junto con Odebrecht, vuelven a contratar con el Estado como Obrainsa, Málaga y Graña.

Séptimo, Martín Vizcarra, a través de su empresa CyM Vizcarra S.A.C., hizo negocios con Conirsa, consorcio que tenía como accionista mayoritario a la constructora Odebrecht.

Por todas estas razones, los negociadores y el ministro de Justicia deben ser removidos en el acto. Y Vizcarra, por cómplice y entreguista, ya merece que se le aplique la revocación presidencial urgente. ¡Basta de falso moralismo!

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