Política

Alan y el Apra investigados como organización criminal

-Según el legislador izquierdista Humberto Morales, autor del documento, el expresidente Alan García exigió y presionó al ex ministro Enrique Cornejo para que se licitara el tramo 2 de la Línea 1 faltando 5 meses para el cambio de gobierno.

Cuando el 4 de octubre de 2017 el expresidente Alan García reveló en las redes sociales que la Fiscalía amplió por 36 meses la investigación en su contra por lavado de activos, estaba claro que el objetivo sería investigar al ex mandatario y a su partido, el Apra, como organización criminal.

Con mayor razón si la 1ª Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, a cargo del fiscal José Antonio Castellanos Jara, había declarado la absoluta reserva del proceso.

“Lo más llamativo es que la investigación fue adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado, porque se trataría de una investigación compleja, que incluye a 31 personas y múltiples empresas”, señala el informe en minoría del caso Lava Jato que presentó ante el Congreso el legislador del Frente Amplio (FA), Humberto Morales Ramírez.

Para la fiscalía es evidente que han sido cometidos una serie de actos de corrupción en las altas esferas del poder, “a raíz de lo cual varias personas han incrementado sus patrimonios de manera exorbitante, luego del primer gobierno del investigado Alan García Pérez, e incluso en su segundo gobierno, dice el documento fiscal”, según el citado legislador de izquierdas.

Es más, para la fiscalía al parecer el expresidente sería el líder “de una presunta organización criminal, cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, originados en actividades criminales contra la administración pública”.

“Es la denuncia más grave hasta ahora lanzada por la fiscalía contra el líder aprista”, según el informe Morales.

Que un partido político sea catalogado en el Ministerio Público –aunque sea como hipótesis de trabajo- como una organización criminal, definitivamente trastoca el debate jurídico sobre el lavado de activos porque se está colocando a una partido político –sea el Apra o Fuerza Popular- al nivel de las bandas criminales del narcotráfico o del crimen en banda.

Y es que en la fiscalía se sostiene que el partido aprista se ha trastocado en una organización delictiva, tanto es así que para el cumplimiento de sus objetivos, afirman, estaría estructurada en tres niveles de testaferros o “cuadros de confianza”.

En ese orden de ideas la fiscalía identifica en el primer nivel a cinco dirigentes: Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor Valdivieso, Luis Nava Guibert, la señora Pilar Nores.

En el segundo nivel se ubica a diez 10 personas, entre otros, a Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel y Umberto Olcese.

“El tercer nivel estaría integrado por grupos empresariales y hasta 15 personas naturales, que no habrían ocupado cargos públicos”, advierte el informe congresal, haciendo hincapié “en un sinnúmero de empresas que habrían servido para ocultar y blanquear el dinero que la fiscalía, presume, proviene de corrupción de funcionarios”.

INMUEBLES

Otro rubro del informe congresal incluye las propiedades adquiridas por el exmandatario en sociedad con Pilar Nores, contabilizados en 21 inmuebles, amén de cuentas que ambos abrieron en el extranjero, sea en Francia, España, Brasil, Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein.

“En ese sentido, los magistrados analizan las cantidades depositadas y usadas en las cuentas de Alan García a partir de la década de 1990 hasta la fecha”, no obstante que hay expedientes archivados sobre el probable enriquecimiento ilícito.

Esta presunción se estaría corroborando, aseguran, con las declaraciones del exviceministro Jorge Cuba Hidalgo en calidad de colaborador eficaz, quien habría señalado que García Pérez fue el principal operador político o estructurador en el proyecto del Tren Eléctrico de Lima, tramos 1 y 2, los que van de Villa El Salvador, la avenida Grau del Cercado, al distrito de San Juan de Lurigancho.

De esta forma es que, aunque en forma forzada, se empalma el llamado caso García con el affaire Odebrecht en el Perú.

“El expresidente ALAN GARCÍA PÉREZ exigió y presionó al ex Ministro de Transporte y Comunicaciones ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ para que se licitara el tramo 2 de la Línea 1 faltando 5 meses para el cambio de gobierno”, acusa en forma textual el informe en minoría en la página 305.

18 DECRETOS DE URGENCIA

Fueron rubricados por distintos exministros

La ubicación de responsabilidades que hace la izquierda sobre el tema que nos ocupa es principalmente de índole política, por ejemplo, sobre los ministros de Estado del segundo gobierno aprista (28 de julio de 2006 al 27 de julio 2011) a los que responsabiliza por los actos presidenciales que refrendan, principalmente en 18 Decretos de Urgencia (DU).

Esto en base al artículo 128º de la Constitución que a la letra establece: “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. / Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.

Asimismo, fundamentan su punto de vista en el artículo 126º del texto constitucional: “Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.”.

Esta normativa constitucional la acompañan con el artículo 11º de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sobre todo en relación a los decretos de urgencia aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el Presidente de la República y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y, en los casos que corresponda, por uno o más Ministros del ámbito de su competencia.

En los 18 decretos de urgencia calificados de presuntamente delictivos están, por ejemplos, el Nº 026-2008 que autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a modificar su presupuesto “para el cumplimiento de obligaciones ineludibles e los contratos de concesión a su cargo”.

El DU está rubricado por Jorge del Castillo como titular de la PCM; Luis Carranza Ugarte, ministro de Economía y Finanzas y Verónica Zavala Lombardi, del MTC.

El DU 045-2008 que dispone medidas económico financieras para garantizar la continuación de las obras del tamo 2 de la Interoceánica sur, lo rubrican Yehude Simon (premier), Luis Valdivieso del MEF y Verónica Zavala del MTC.

Y por el MEF alternan en otros DU Carranza, Mercedes Aráoz e Ismael Benavides Ferreyros.

A partir del año 2009, la mayoría de los DU en temas de infraestructura, como los del tren eléctrico, están firmados por Enrique Cornejo como titular del MTC y como presidentes del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén y José Antonio Chang Escobedo.
Fiscal Peláez no investigó a las compañías que tuvieron de expositor al ex presidente ni menos los contratos suscritos con el Estado durante la segunda administración aprista.

La leyenda del enriquecimiento ilícito de Alan García tomó forma, en los últimos años, desde que un 9 de diciembre de 2013, el entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, archivó la denuncia contra el ex presidente de la República “por no encontrar elementos probatorios que lleven a la conclusión que ha habido un desbalance patrimonial”, argumentó el magistrado.

Los contrincantes políticos del líder aprista y los mismos analistas financieros del despacho de Peláez, afirmaban que en ese periodo el ex jefe de Estado tuvo ingresos totales por S/. 6’675.190,24.

De esa cantidad, se supo, que S/ 3’924.455,56 provinieron de remuneraciones, pensiones, cesión de derechos de edición y distribución de obras, venta de inmuebles, fondos mutuos y cobro de CTS, según el informe en minoría del caso lava Jato del Parlamento Nacional.

Otros S/, 2’750.734,68 “llegaron por las conferencias dictadas en 17 meses, entre diciembre de 2011 y mayo de 2013”.

Entretanto, los egresos de García Pérez, vale decir los gastos en alimentación, ropa, viajes, diversión, compra de inmuebles, en el mismo periodo, sumaron S/. 4’227.677,81.

Si bien todo esto se sabía, lo que el informe en minoría resalta es que Peláez no investigó a las compañías que lo contrataron como conferencista ni vio si dichas empresas habían suscrito contratos con el Estado durante la segunda administración aprista (2006-2011).

Es así como en base a las investigaciones de IDL Reporteros, “cuatro de las 28 conferencias que dio Alan García desde julio de 2011(…) hasta diciembre de 2012, fueron para empresas o grupos económicos que tuvieron una relación contractual con el Estado durante su último periodo presidencial”.

Se refieren al grupo español Endesa; Kimberly Clark; Junefield Textiles Company Limited que forma parte de Junefield Group, y GS1 Perú.

En resumen, Endesa le pagó a García 60 mil dólares por intervenir en un evento interno de la empresa en setiembre de 2012. La misma Endesa, dos años antes, el 5 de enero de 2010, “había sido favorecida por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, que otorgó beneficios para las empresas eléctricas generadoras de centrales de Reserva Fría de Generación, entre ellas la filial de Endesa, Empresa Eléctrica de Piura”, señala el informe.

Asimismo el ex mandatario se favoreció con un pago de 15 mil dólares de Kimberly Clark por una charla para directivos regionales el 21 de setiembre de 2012. Pero esta empresa tuvo contratos con el Estado por S/. 8’964,100.32.

También le pagó 50 mil dólares a García la empresa Junefield Textiles Company Limited por una conferencia dictada en julio de 2012 en Beijing, China, sobre el desarrollo económico en América Latina. “Esta empresa forma parte de Junefield Group, que se fundó en el Perú en 2008, durante el gobierno aprista. La minería es una de las ramas empresariales más importantes de este grupo económico”, se lee en el informe.

“Junefield ha obtenido más de 880 concesiones mineras en el Perú con un área total más de 7,000 Km2, que abarca el cinturón metalogénico principal en los Andes del Perú”, indicó IDL Reporteros en base a la página web de este grupo empresarial.

GS1 Perú, firma experta en soluciones logísticas, le pagó en setiembre 2012 un monto de 30 mil dólares a García para que intervenga en el fórum anual XVII Expogestión 2012, en Lima. A García habló sobre “los retos vinculados a la infraestructura e innovación”.

El portal del MEF muestra que GS1 Perú ha suscrito contratos con el Estado desde 1999 hasta diciembre de 2013, por un monto total de S/. 1,293,268.50. Y en el último gobierno de García la empresa obtuvo contratos por S/. 1,151,338.37.

Estos y otros temas fueron motivo de una comisión investigadora que finalizó su trabajo con un informe de 249 páginas en enero de 2014 e incriminó por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir a quince ex funcionarios del gobierno de García “debido a que varios de ellos brindaron servicios a empresas que se beneficiaron por contratos con el Estado durante ese período”.

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