septiembre 24, 2021

¡Restablecer la Constitución y acabar con el monopolio estatal en vacunas!

La sociedad, los ciudadanos y el sector privado exigen importar vacunas

No existe en la Constitución peruana un solo argumento que justifique la decisión de la administración Sagasti de establecer un monopolio estatal para la importación y distribución de las vacunas contra el Covid. Nuestra Carta Política establece con absoluta claridad que el sistema de salud se brinda a través de servicios públicos y privados. Ninguna situación de emergencia puede bypasear la Constitución, sobre todo cuando se trata del inalienable derecho de las familias, los ciudadanos y el sector privado a defender la vida y la salud.

Igualmente, tampoco existe un argumento atendible para prohibir la importación y distribución de las vacunas a la sociedad y a los privados. Si en el Ejecutivo se sostiene que las farmacéuticas solo le venden a los estados, entonces no hay ningún problema. Se autoriza la importación de vacunas a los privados y los laboratorios no le venderán a los privados y asunto terminado. Se acabó el debate. ¿De dónde entonces viene la tozudez de la administración Sagasti? Lo más grave de todo es que, desde la embajada de Rusia, ha trascendido que el Gobierno peruano habría enviado una carta al gobierno de la Federación Rusa pidiendo que no se venda la vacuna Sputnik al sector privado. ¡Demasiado grave!

Si el Estado peruano no fuese uno fallido, conducido por una burocracia colectivista, hoy nadie discutiría la urgencia de que el sector privado importe y distribuya vacunas contra el Covid. Sin embargo, el Estado ha fracasado absolutamente en todo: en equipar hospitales, en garantizar oxígeno a los enfermos graves de Covid, en asegurar un número suficiente de unidades UCI y en celebrar contratos que garanticen las vacunas para inmunizar a la sociedad en el 2021.

La urgencia de que los privados importen y distribuyan las vacunas se vuelve dramática frente a los siguientes hechos: el promedio de 200 muertes diarias por la pandemia, el colapso total del sistema hospitalario y el desalentador anuncio del Ejecutivo de que hasta julio solo se inmunizará a 10 millones de peruanos. ¿Cuántas muertes, cuántas tragedias familiares, se podrían evitar si el Ejecutivo impulsara una alianza público privada para salir al mundo a buscar vacunas? Devastador.

El constitucionalista Natale Amprimo acaba de revelar que ya existe el marco legal para que los privados importen las vacunas, e incluso el camino para superar los absurdos escollos burocráticos que establece la Dirección General de Insumos, Medicamentos y Drogas (Digemid) para establecer los registros sanitarios de las vacunas en tercera fase de ensayos clínicos. El mencionado constitucionalista señala que la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Ley N° 29459), establece la lista de países con registros médicos de alta vigilancia. Entre estos obviamente están Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países europeos y asiáticos que han registrado la mayoría de vacunas en tercera fase de ensayos clínicos.

La sorpresa reside en que, entre los países con registros médicos de alta vigilancia, no está China. Para que la vacuna Sinopharm se registrara en la Digemid, entonces, se promulgó una legislación especial y el Estado asumió la garantía de la vacuna por estar en tercera fase de ensayos clínicos. Pregunta: ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con una vacuna como la Sputnik, reconocida con más de 90% de efectividad por la prestigiosa revista mundial Lancet ? Resulta difícil entenderlo. 

La administración Sagasti debe rectificar, debe reflexionar. Si no lo hace, el Congreso debe tomar cartas en el asunto al término de la distancia. El Perú debe homologar sus registros sanitarios de vacunas con todos los países con registros médicos de alta vigilancia, y debe otorgar la garantía estatal a las vacunas en tercera fase de ensayos. No es posible más demoras.

Si 20 millones de peruanos pueden comprar una vacuna, permitiendo que los más pobres y excluidos (10 millones) consigan una vacuna con más rapidez y se reduzca la presión sobre los hospitales, la demanda de oxígeno y unidades UCI, ¿por qué no se procede al término de la distancia? ¿Por qué?

Si el Ejecutivo sostiene que los laboratorios solo venden a los estados, entonces, ¿cuál es el problema de terminar con el monopolio estatal de las vacunas? Finalmente, los privados no conseguirán nada. ¿O sí?

Cuando existe la posibilidad de salvar vidas con la mayor cantidad de vacunados, el error de la administración Sagasti en persistir en el monopolio estatal de las vacunas comienza a escribir uno de los capítulos más trágicos de toda nuestra historia republicana.

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